La alcaldesa sostiene que la reasignación de recursos corresponde exclusivamente al Cabildo conforme al procedimiento previsto en la ley.
SAN QUINTÍN. Agosto 6.-– La presidenta municipal de San Quintín, Miriam Cano Núñez, afirmó que la Sindicatura Procuradora no tiene facultades legales para determinar el destino de recursos públicos ni para instruir a dependencias del Ayuntamiento sobre la aplicación del presupuesto, al responder al oficio mediante el cual el síndico procurador Juan Pablo Guerrero Gamboa propuso canalizar 12 millones de pesos a diversas obras de infraestructura.
En un pronunciamiento oficial, la alcaldesa señaló que la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California establece que la Presidencia Municipal es el órgano encargado de dirigir la administración pública y ejecutar el presupuesto, mientras que la Sindicatura tiene funciones de vigilancia, control interno y fiscalización del ejercicio de los recursos.
Precisó que cualquier modificación al destino de recursos públicos debe ser aprobada por el Cabildo mediante el procedimiento correspondiente y no puede resolverse a través de un oficio dirigido a una comisión edilicia.
Miriam Cano indicó que la reserva presentada durante la discusión de la Quinta Modificación Presupuestal fue resuelta por el propio Cabildo en la misma sesión, por lo que el asunto no quedó turnado a la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal para su análisis.
Añadió que, en consecuencia, los 12 millones de pesos provenientes de ajustes en recursos del FORTAMUN y FAISMUN permanecen dentro del proceso presupuestal y no constituyen una bolsa disponible cuya aplicación pueda definirse de manera unilateral.
La presidenta municipal sostuvo que la aplicación de esos recursos deberá determinarse mediante los mecanismos previstos por la legislación municipal y con la aprobación del Cabildo.
En el mismo posicionamiento, planteó que una de las prioridades que deberán valorarse es la atención al rezago en materia de certeza jurídica sobre la tenencia de la tierra, al señalar que el ordenamiento territorial constituye un elemento previo para ampliar la cobertura de servicios públicos como agua potable, electrificación y otras obras de infraestructura.
Expuso que la regularización de predios también permite fortalecer la recaudación del impuesto predial, lo que contribuye al financiamiento y mantenimiento de los servicios municipales.
Finalmente, Miriam Cano reiteró que su administración respalda las atribuciones de la Sindicatura en materia de fiscalización, pero sostuvo que las decisiones relacionadas con el ejercicio del presupuesto deben sujetarse al procedimiento establecido en la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California y ser aprobadas por el Cabildo en sesión pública.
