José Ángel Inzunza

• El 31% de los atentados directos, e indirectos, contra periodistas y medios de comunicación, vienen de funcionarios públicos
• Desde el 2024 a la fecha se han decretado reformas que facilitan demandas de servidores públicos contra los profesionales y empresas de la comunicación, para tenerlos coptados
• A partir del 27 de septiembre, se hace obligatorio contar con un Defensor Electoral y definir catálogos de etiquetas de la información, en radio y televisión

Tijuana, 12.-de septiembre de 2026.- Ya en pleno proceso electoral concurrente 2026-2027, el maestro en Derecho Constitucional, Fernando Jiménez Godos refirió estudios del Instituto V-Dem, y del organismo civil Artículo 19, coincidiendo en advertir que se avecina una ola de atentados contra la libre expresión, derivado de reformas a las leyes electorales, de las telecomunicaciones, y de los servidores públicos.
De acuerdo con los estudios de Artículo 19, en torno a 456 agresiones registradas contra periodistas y medios de comunicación en México, Jiménez Godos observa que, el 31% de esos atentados provienen de funcionarios públicos, y, con las reformas que se han decretado desde el año 2024 a la fecha, se les facilita a los servidores públicos demandar por concepto de violencia política, para tener coptada a la prensa.
“No prosperó la famosa “Ley Mordaza”, ni se lograron otros cambios legislativos que estaban dirigidos a un ataque más frontal contra la libertad de prensa y de expresión, pero, gracias a otras reformas, ahora pueden alegar violencia política, y, especialmente, en razón de género, si el servidor público es mujer, aunque la verdad sea claro decirlo, no se cuestiona el papel de las mujeres, sino la opacidad en las cuentas públicas, y otros señalamientos de corrupción, que no tienen que ver con el género”, explicó.
Fernando Jiménez hizo una cronología precisa sobre las reformas que se han pretendido contra la libertad de expresión, especialmente, desde el 2018 a la fecha; pasando por la desaparición del Instituto de Telecomunicaciones, que era autónomo, para crear la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que depende del Ejecutivo Federal; la desaparición del INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales), y, ahora, los Derechos de las Audiencias, una herramienta que podrá ser usada para restringir a la prensa de la radio y televisión.
Ahora, a partir del 27 de septiembre, las radiodifusoras y televisoras concesionarias deberán contar con un catálogo de etiquetas de información, y, sobre todo, con un defensor de derechos de audiencias, especializado en materia electoral; toda vez que, de acuerdo con las reformas, por cada persona del auditorio que se queje, pueden ser sujetas de sanciones del 1% de sus ingresos anuales, y, por eso, es necesario que cuente con alguien que atienda esas quejas.
No obstante, la ley de Derechos de las Audiencias define las sanciones a las empresas de la comunicación, los periodistas o comunicadores también pueden ser sujetos de sanción, por aquello de la cadena de responsabilidades, por su participación en la noticia o artículo de opinión “agresivos”, o por la publicidad “fraudulenta”, así como por publicitar a políticos o dependencias extranjeras.
Lo anterior significa que, los políticos y funcionarios públicos mexicanos, podrían manejar a su antojo las definiciones de “notas o artículos de opinión agresivos”, invitando a sus fieles seguidores a demandar a los medios de comunicación, de tal manera que lastime seriamente la economía de las concesionarias, con la cascada de demandas del 1% de sus ingresos anuales.
Por otra parte, el Sistema se ha protegido en lo referente a las candidaturas bajo sospechas de nexos con el crimen organizado, porque se deja al arbitrio de los partidos políticos investigar o no, si sus candidatos están en esos supuestos, y, en todo caso, si se realizan las investigaciones, se guardan la secrecía de los resultados, y pueden declarar que “todo está bien, todo está correcto”, según sus conveniencias.
Todo lo aquí descrito es un preámbulo de atentados contra la libertad de expresión, que va en aumento, en este año 2026 ha sido 7% más que los registrados en este periodo, enero-agosto, de 2025, como consecuencia de una serie de maniobras legislativas, constitucionales, y político-electorales, para consolidar la tercera ola de una autocracia electoral, que significa un retroceso democrático, marcado por la concentración de poder, la pérdida de contrapesos institucionales y señalamientos hacia el ejercicio periodístico, concluyó Jiménez Godos.