TIJUANA.- (30 de Abril/26) El abogado Jorge Luis Fuentes Valdez presentó denuncias en contra de los jueces tercero civil Pedro Galaf Hernández García, y décimo civil Juan Carlos Constantino Ortega Veiga, ambos de esta ciudad, así como en contra de la actuaria Walquiria Fernández Esquerra y en contra de las licenciadas Concepción “N” y Marisol “N”, “por la probable comisión de delitos cometidos en contra de la administración de justicia, y por despojo”, con lo cual “se configura un cártel inmobiliario”.

Y anunció que ampliará su demanda en contra del notario público interino 130 del Estado de México, en contra del registrador público de la propiedad y del comercio de Tijuana, de los apoderados legales de Banorte, de abogados locales y foráneos, del fiscal de delitos patrimoniales y del juez de control del Poder Judicial del Estado de Baja California, por los mismos delitos.

En conferencia de prensa, Fuentes Valdez explicó que el despacho del cual es titular —Fuentes Santillán y Asociados—, es apoderado legal de la empresa Eventos y Relaciones Públicas, S. de R.L., dedicada, entre otras actividades, a la administración de bienes inmuebles, y en este contexto, en Octubre del 2024 la firma estableció un contrato con la empresa Núcleo Construcciones, S.A. de C.V., para administrar los 192 departamentos del conjunto residencial Campestre Murua, propiedad de esta última.

Pero el 15 de Enero de este 2026, la licenciada Concepción “N”, supuesta representante de Núcleo Construcciones, “declaró en falsedad y aportó documentos falsos para promover un juicio sumario de desahucio de los 192 apartamentos”, y el juez Tercero de lo Civil, Pedro Galaf Hernández García, le dio entrada el 27 de Enero y sospechosamente resolvió en menos de un mes, el 26 de Febrero, ordenando el desalojo. Fuentes Valdez aclaró que cuando se litiga con ética, no se obtienen sentencias con esa prontitud, “por lo que se infiere que en este caso hubo un interés”.

Previamente, el 5 de Febrero, la actuaria Walquiria Fernández Esquerra, realizó un ilegal emplazamiento, “a espaldas de los legítimos propietarios y posesionarios del complejo departamental, simulando haber dejado el documento de aviso con una empleada de la empresa administradora de la propiedad.

Y el 17 de Marzo, otra supuesta representante de Núcleo Construcciones, la licenciada Marisol “N”, con el auxilio de un cerrajero y bajo la protección de elementos de la Policía Municipal, rompieron cerraduras del acceso de un edificio del complejo departamental para posteriormente romper las del departamento identificado como Q-104 y proceder al desalojo.

El abogado Fuentes Valdez indicó que el 27 de Febrero presentó denuncia penal en contra del juez tercero civil y la actuaria, “por la probable comisión de delitos cometidos en contra de la administración de justicia, misma que quedó radicada bajo el número de caso NUC-0204-2026-06392 en la Unidad Modelo de Atención Ciudadana de La Fiscalía General del Estado.

El 17 de Marzo presentó denuncia penal en contra de la licenciada Marisol “N”, “por la probable comisión de delito de despojo”, (número de caso NUC-0204-2026-08408. Y el 23 de marzo de 2026, se presentó denuncia penal en contra de la licenciada Concepción “N”, “por la probable comisión de delitos de abogados defensores y litigantes y usos de documentos falsos” (número de caso NUC-0204-2026-09096).

Simultáneamente el abogado Jorge Luis Fuentes Valdez promovió un juicio de amparo, el cual quedó radicado en el Juzgado Décimo de Distrito bajo el número 161/2026, y el 10 de Marzo el titular del mismo, el licenciado Alexis Manríquez Castro, concedió la suspensión definitiva, “a través de la cual se frenó el ilegal desalojo ordenada por el juez tercero civil”.

E informó que actualmente tiene la defensa patrimonial de asuntos muy parecidos, a través de los cuales se han visto involucrados otros jueces, como el licenciado Juan Carlos Constantino Ortega Veiga, juez décimo civil en Tijuana, “el cual ha favorecido a personas foráneas, particularmente del Estado de México”.

En esta red —remarcó—, se encuentran involucrados el notario público interino 130 del Estado de México, el registrador público de la Propiedad y de Comercio de Tijuana, apoderados legales de la institución bancaria Banorte, abogados locales y foráneos, el fiscal de Delitos Patrimoniales y el juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California.