Denuncia de colectivas al Congreso del Estado, Fiscalía de Sonora y a la comunidad en general:

Denuncia de colectivas al Congreso del Estado, Fiscalía de Sonora y a la comunidad en general:

Hermosillo Marzo 2.-Las colectivas feministas, mujeres organizadas y organismos defensores de derechos humanos en Sonora manifestamos nuestra profunda preocupación e indignación ante los hechos recientes ocurridos en la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

El 27 de noviembre de 2024, tres ex trabajadoras de la CEDH solicitaron al Congreso del Estado atender las quejas que habían presentado ante el Órgano Interno de Control por hostigamiento laboral y sexual dentro de la institución, señalando como responsable a su titular, Luis Fernando Rentería Barragán.

El 4 de diciembre de 2024, el propio Órgano Interno de Control dio vista a la Fiscalía General del Estado, al considerar que los hechos denunciados podrían constituir conductas posiblemente delictivas.

Sin embargo, el 26 de febrero del 2026, un día antes del informe de labores y comparecencia ante el Congreso de Rentería Barragán, se notificó a una de las víctimas que su queja sería archivada, bajo el argumento de una supuesta falta de armonización normativa en el Código de Ética vigente al momento de los hechos.

No estamos frente a un detalle administrativo.
No es un simple tecnicismo jurídico.
Es una decisión institucional con consecuencias políticas claras.

Cuando una institución alega vacíos normativos para no investigar o sancionar posibles conductas de hostigamiento, el problema no desaparece: se revela una estructura que permite la impunidad. La falta de armonización no exime responsabilidades; evidencia fallas graves en la conducción y supervisión de la propia institución.

Nos preocupa profundamente que el archivo de una de las denuncias ocurra justo antes de la comparecencia ante el Congreso del Estado de Sonora y en el contexto de la declarada intención de Rentería Barragán de reelegirse como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora.

La pregunta es inevitable:

¿Quién responde cuando las instituciones encargadas de proteger derechos generan condiciones que obstaculizan la rendición de cuentas?

Desde una perspectiva de las luchas de mujeres y feministas, sabemos que los argumentos formales han sido históricamente utilizados para desestimar denuncias de hostigamiento y violencia laboral. No podemos normalizar que los procedimientos administrativos se conviertan en barreras para el acceso a la justicia.

Exigimos:

1.Transparencia total sobre el proceso de investigación.
2.Explicación pública y detallada sobre la falta de armonización normativa en el Código de Ética de la CEDH.
3.Garantías de no repetición.
4.Que el Congreso ejerza plenamente su facultad de control y rendición de cuentas.
5.Que se priorice la protección de las víctimas por encima de cualquier interés político.
6.No reelección, en ninguna circunstancia, del actual presidente de la CEDH de Sonora.

  1. Que la fiscalía dé seguimiento a las investigaciones

La discusión ya no es únicamente jurídica.
Es ética, política e institucional.

Las mujeres y personas en general no podemos confiar en instituciones que archivan denuncias de hostigamiento bajo argumentos formales mientras sus titulares buscan continuar en el cargo. La credibilidad de los organismos de derechos humanos se construye con responsabilidad, no con silencios administrativos.

No se trata de un asunto personal.
Se trata de derechos humanos, de acceso a la justicia y de la confianza pública.

Seguiremos vigilantes.
Seguiremos organizadas.
Seguiremos exigiendo.

Porque cuando se archivan denuncias, no se archiva la memoria ni la exigencia de justicia.
Al congreso de Sonora, Fiscalía de Sonora y a la comunidad en general:

Las colectivas feministas, mujeres organizadas y organismos defensores de derechos humanos en Sonora manifestamos nuestra profunda preocupación e indignación ante los hechos recientes ocurridos en la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

El 27 de noviembre de 2024, tres ex trabajadoras de la CEDH solicitaron al Congreso del Estado atender las quejas que habían presentado ante el Órgano Interno de Control por hostigamiento laboral y sexual dentro de la institución, señalando como responsable a su titular, Luis Fernando Rentería Barragán.

El 4 de diciembre de 2024, el propio Órgano Interno de Control dio vista a la Fiscalía General del Estado, al considerar que los hechos denunciados podrían constituir conductas posiblemente delictivas.

Sin embargo, el 26 de febrero del 2026, un día antes del informe de labores y comparecencia ante el Congreso de Rentería Barragán, se notificó a una de las víctimas que su queja sería archivada, bajo el argumento de una supuesta falta de armonización normativa en el Código de Ética vigente al momento de los hechos.

No estamos frente a un detalle administrativo.
No es un simple tecnicismo jurídico.
Es una decisión institucional con consecuencias políticas claras.

Cuando una institución alega vacíos normativos para no investigar o sancionar posibles conductas de hostigamiento, el problema no desaparece: se revela una estructura que permite la impunidad. La falta de armonización no exime responsabilidades; evidencia fallas graves en la conducción y supervisión de la propia institución.

Nos preocupa profundamente que el archivo de una de las denuncias ocurra justo antes de la comparecencia ante el Congreso del Estado de Sonora y en el contexto de la declarada intención de Rentería Barragán de reelegirse como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora.

La pregunta es inevitable:

¿Quién responde cuando las instituciones encargadas de proteger derechos generan condiciones que obstaculizan la rendición de cuentas?

Desde una perspectiva de las luchas de mujeres y feministas, sabemos que los argumentos formales han sido históricamente utilizados para desestimar denuncias de hostigamiento y violencia laboral. No podemos normalizar que los procedimientos administrativos se conviertan en barreras para el acceso a la justicia.

Exigimos:

1.Transparencia total sobre el proceso de investigación.
2.Explicación pública y detallada sobre la falta de armonización normativa en el Código de Ética de la CEDH.
3.Garantías de no repetición.
4.Que el Congreso ejerza plenamente su facultad de control y rendición de cuentas.
5.Que se priorice la protección de las víctimas por encima de cualquier interés político.
6.No reelección, en ninguna circunstancia, del actual presidente de la CEDH de Sonora.

  1. Que la fiscalía dé seguimiento a las investigaciones 8. Respeto y aplicación de los principios constitucionales de alternancia y paridad de género para que la comisión sea presidida por una mujer

La discusión ya no es únicamente jurídica.
Es ética, política e institucional.

Las mujeres y personas en general no podemos confiar en instituciones que archivan denuncias de hostigamiento bajo argumentos formales mientras sus titulares buscan continuar en el cargo. La credibilidad de los organismos de derechos humanos se construye con responsabilidad, no con silencios administrativos.

No se trata de un asunto personal.
Se trata de derechos humanos, de acceso a la justicia y de la confianza pública.

Seguiremos vigilantes.
Seguiremos organizadas.
Seguiremos exigiendo.

Porque cuando se archivan denuncias, no se archiva la memoria ni la exigencia de justicia. 🟣Observatoria Todas Mx Sonora. 🟣Niunamashmo. 🟣Red de académicas feministas. 🟣Marea Verde Nogales 🟣Comunidad lesbisafica. 🟣EnigualdadAC. 🟣Rayos Violeta. 🟣Textilanderas feministas Hebras Cactaceas. 🟣Politicas y públicas. 🟣Res Feminista Sonorense

Sobre la autora

Araceli Domínguez

Productora Ejecutiva de Voces Ecológicas de la Frontera.
Periodista profesional con estudios de educación ambiental en CETYS Universidad y Fundación PROBEA
Diplomada en Derechos Humanos
Imparte cursos de educación ambiental, cultura del agua, la carta de la tierra, reciclaje, derechos humanos, libertad de expresión y análisis de riesgo.